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Observatorio Social Humanitario: Ley de Cooperación Internacional amenaza a la respuesta humanitaria en Venezuela

Por El Nacional14 de Mayo 2022
Observatorio Social Humanitario: Ley de Cooperación Internacional amenaza a la respuesta humanitaria en Venezuela

El Observatorio Social Humanitario (OSH) profundizó, este viernes, junto a representantes de las ONG, en las implicaciones que tendría la aprobación de un instrumento como este, en la labor de las organizaciones de derechos humanos y asistencia humanitaria en el país.

Según cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, la respuesta humanitaria en Venezuela alcanzó en 2021 a 4,5 millones de personas, el proyecto de Ley de Cooperación Internacional amenaza la atención de venezolanos en estado de vulnerabilidad.

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La pretensión de imponer una ley que criminaliza la acción de las ONG en el país representa una amenaza a la libertad de asociación, la reducción del espacio cívico, a la vez que agrava las condiciones de operación de las distintas organizaciones que trabajan en la atención de los más vulnerables, según un comunicado de prensa.

Durante su participación, Marianna Romero, directora del Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), aseguró que este tipo de leyes las han aprobado en primera discusión en la Asamblea Nacional por parte de actores del chavismo, por lo que no se trata de un instrumento nuevo.

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Su principal preocupación se centra en los términos tan ambiguos y la discrecionalidad de esta ley y la arbitrariedad bajo la cual puede ser aplicada, porque a su juicio, establece que dependiendo de los intereses que pueda considerar el Ejecutivo generará mayores controles y obstáculos para el desarrollo legítimo de las organizaciones.

ONG en Venezuela han sufrido más de 90 agresiones, solo en 2022

«La cooperación internacional es un derecho establecido en la normativa internacional. Más allá de recursos económicos, implica la asistencia técnica y relacionarse con organismos internacionales. El instrumento va en contra de esto porque las organizaciones visibilizan las violaciones a los DD HH y las necesidades humanitarias. Se pretende criminalizar una labor que es plenamente legítima», expresó.

Romero insistió en las consecuencias que esta Ley tendrá en los ciudadanos. «Se afecta el trabajo de la sociedad, más allá del impacto directo que tiene en las organizaciones, es una violación más a los derechos de las víctimas que ya se encuentran en desprotección. (…) esta amenaza es importante visibilizarla porque las agresiones siguen».

En ese sentido, aseguró que en lo que va de año, CDJ ha registrado al menos 98 agresiones este tipo contra organizaciones de la sociedad civil.

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Por su parte, Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia dijo que el proyecto de Ley es confuso por su terminología, y aseguró que tiene falta de coherencia interna para poder hacer una interpretación clara de la norma. «Pone a la ayuda humanitaria como una de las modalidades de cooperación, como una parte de la ayuda para el desarrollo (…) pero esto es cuando existen elementos de infraestructura y humano que están funcionando en el país. Una emergencia humanitaria implica una inexistencia del Estado donde tiene que prestar servicios fundamentales», dijo.

Aseveró que en Venezuela hay vacíos del Estado graves en materia humanitaria «la ayuda para el desarrollo no puede ser el género y la ayuda humanitaria la especie, porque son situaciones distintas al igual que sus metodologías de trabajo».

Con información de nota de prensa.

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